No todo “vale” para las empresas del Estado

Karen Poniachik

Finalmente y tras un forcejeo político de varios meses, el gobierno brasileño logró desbancar al efectivo y competente Roger Agnelli como ejecutivo máximo del conglomerado minero Vale SA. Termina así una larga historia de desavenencias marcada por la resistencia de Agnelli a obedecer instrucciones políticas tendientes a implementar una estrategia más intensiva en uso de mano de obra local. El gobierno exigía que Vale produjera acero en empresas siderúrgicas ubicadas en territorio nacional en vez de exportar el hierro sin procesar a China y que construyera los barcos de su flota en Brasil en lugar de fabricarlos en astilleros de países asiáticos. Agnelli se opuso a todo ello argumentando que estas decisiones tendrían un negativo impacto sobre la rentabilidad de la empresa y que, por ende, resultaban contrarias al interés de sus accionistas.



Tras abrir a la Bolsa la propiedad de la empresa en 1997, el gobierno mantuvo un paquete mayoritario a través de las acciones que los fondos de pensiones estatales y el Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES) poseen en el holding controlador. Esos votos, más el apoyo que el ministro de Hacienda Guido Mantega obtuvo del Banco Bradesco, otro accionista clave, permitieron que prosperase la propuesta de no renovarle el contrato a Agnelli cuando éste venciera ahora en mayo. El reemplazante propuesto por el gobierno es Murilo Ferreira, un ex ejecutivo de la firma que ha sido calificado por la prensa brasileña como un “hombre de Dilma” y que aparece más proclive a acomodarse a presiones políticas.

Aunque comparto los objetivos de política pública del gobierno brasileño --en el sentido de que es necesario adoptar medidas de fomento productivo para promover el desarrollo de actividades con mayor valor agregado y evitar así que el país caiga a en un estatus de mono-exportador de hierro--, no creo que sea razonable que éstos sean ejecutados por una empresa en la que el Estado sea accionistas sino que por servicios públicos administrados directamente por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué deberían los minoritarios aceptar que el mayoritario haga política pública con el capital social y con cargo a su participación en las utilidades? 
Entre más rentable sea una empresa como Vale, más recursos irán a las arcas fiscales vía impuestos y dividendos. De hecho, la empresa cerró en 2010 con un beneficio neto récord de US$ 17,3 mil millones, el triple de lo obtenido en 2009 y el mejor resultado operacional registrado en un ejercicio por una minera. Durante la década que Agnelli estuvo al mando de la firma, las acciones tuvieron un rendimiento anual promedio de 38,2%. Así, los recursos obtenidos a través del proceso de creación de valor de Vale permiten que el gobierno financie en forma más eficiente –vía subsidios directos, exenciones u otras herramientas de política fiscal-- los programas destinados a promover la creación de empleo y brindar apoyo productivo a empresas industriales.

La caída de Agnelli es una mala noticia para quienes hemos abogado en favor de la modernización del gobierno corporativo de las empresas públicas de la región. En ese sentido, la entrada en vigencia hace justo un año de Ley 20.392, que reformuló el gobierno corporativo de Codelco en línea con las directrices de la OCDE, representó un gran avance para Chile. En la actualidad, ésta es sin duda una empresa más eficiente, transparente e independiente que, aunque no ha estado exenta de presiones, sí ha logrado dar muestras de su autonomía frente al gobierno (por ejemplo, durante la discusión en torno a la venta de sus activos en ECL, ex Edelnor).

Las directrices de la OCDE no le prohiben a las empresas estatales embarcarse en actividades asociadas con la implementación de políticas públicas que vayan más allá de sus objetivos empresariales sino que sugieren que, en caso de hacerlo, se transparenten las razones y los costos asociados a ello. Por lo mismo, en la actual discusión en torno a las inversiones necesarias para mejorar los estándares ambientales de Ventanas, sería positivo que se transparentaran las cifras asociadas al contrato de Codelco con Enami, que resulta esencial para darle viabilidad a la pequeña y mediana minería chilena. Este último es, sin duda, un objetivo clave de política pública. En caso de que los montos superen lo que es económica y comercialmente viable para Codelco, es de esperar que el Estado contribuya a costear la inversión vía una mayor capitalización de utilidades y/o compensaciones.